La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, pidió una jurisprudencia que brinde claridad jurídica a los colombianos sobre el salario mínimo.

Después de que el Consejo de Estado decretara la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905, este viernes la Andi sostuvo que la prioridad ahora es “mitigar los efectos del salario mínimo sobre empleo e inflación”.

El gremio de empresarios reiteró la convicción sobre los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión adoptada por el Gobierno Nacional sobre el salario mínimo, “la cual impacta a toda la población y, de manera especial, a los sectores más vulnerables”.

Recordó que ese gremio “no demandó el decreto” mediante el cual se fijó el salario mínimo para el presente año. 

“Para la agremiación, en muchos casos, se trata de hechos cumplidos que como sociedad se deben asumir, buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos. Se han generado algunos derechos que consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso”, precisa Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Para la Asociación, en el contexto actual, todo el país debe enfocar los esfuerzos en contrarrestar los efectos que esta medida puede generar sobre variables como la inflación y el empleo, promoviendo acciones que permitan preservar la estabilidad económica y proteger las oportunidades laborales de los colombianos.

La Andi, resalta la importancia de que alrededor de este tema se consolide jurisprudencia que contribuya a brindar claridad jurídica y a evitar que actuaciones irregulares de esta naturaleza puedan repetirse en el futuro.

La agremiación, igualmente, hace un llamado a las empresas para que en la medida de sus posibilidades se busquen mecanismos para no afectar a los trabajadores.